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MARINA ALTA

URBANISMO
La Síndica exige a Parcent que suspenda los PAI por no tener agua garantizada

La institución reprocha al Ayuntamiento que necesita un informe de la CHJ que asegure el suministro a las 1.800 nuevas casas

CÈSAR PALAZUELOS

La asociación «Veïns de Parcent» hizo pública ayer la respuesta de la Síndica de Greuges


La Síndica de Greuges ha dado un espaldarazo a la asociación Veïns de Parcent a través de la contestación que la institución ha realizado a las quejas presentadas por los vecinos que están en contra de los tres PAI que construirán 1.800 nuevas viviendas en una población que no supera los 1.000 habitantes. «Esta institución quiere llamar la atención del Ayuntamiento de Parcent y la Conselleria de Territorio para que no se apruebe este macroproyecto urbanístico sin que se acredite la existencia de recursos hídricos suficientes». Acreditación que por el momento no ha tenido lugar.

En este sentido, la defensora del pueblo valenciano reprocha al consistorio gobernado por la popular Mari Carmen López que «sin el informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), esta institución no entiende cómo los miembros de la corporación -en referencia a los cuatro concejales del PP que apoyaron los planes- han podido desplegar un ejercicio responsable del voto sin conocer cuestiones tan trascendentales como si existe agua suficiente».

De este modo, la Síndica en funciones, Emilia Caballero, no acepta el informe de la Comunidad de regantes que fue remitido por el ayuntamiento y en el que se aseguraba «que se cuenta con los caudales suficientes para atender a los futuros desarrollos incluso muy por encima de los previstos en los tres planes parciales que nos ocupan».

Es más, para la Síndica «la obligatoriedad de acreditar la existencia de recursos hídricos suficientes mediante un informe vinculante de la CHJ resulta justificada por la gravedad de la situación en la que se encuentra la Cuenca del Júcar, sin apenas reservas de agua». La capacidad de dicha cuenca está, según la misma institución, al 11,7%, unas cifras que «resultan verdaderamente alarmantes y deben ser tenidas en cuenta por el Ayuntamiento de Parcent y la Conselleria de Territorio».

El anuncio de la respuesta de la Síndica lo hizo ayer el portavoz de la asociación Veïns de Parcent, Joan Carles Poquet, quien aseguró que «ahora podemos afirmar con rotundidad que estos PAI son ilegales» por lo que pidió «un proceso que comience de cero». En este sentido, desde la entidad conservacionista consideran que el dictamen de la Síndica, que es «un apoyo de una gran magnitud y reafirma nuestra lucha», puede servir en caso de que el ayuntamiento rechace finalmente los planes urbanísticos. «Podría ayudarnos para no tener que indemnizar a los promotores».

Unos constructores que dieron 300.000 euros al ayuntamiento precisamente para que compre el agua que debe abastecer a los PAI y sobre la que ahora la defensora del pueblo ha dicho que no está asegurada.

La gent de Parcent meneja cel i terra. Molt bona idea eixa de queixar-se al Sindic de Greuges i així s'ha destapat com estos PAI son uns mes d'eixos en els que no es demana un informe de la confederació hidrogràfica corresponent.

Un tribunal cuestiona la política urbanística valenciana al paralizar un plan de 1.500 casas

La resolución judicial dice que el urbanismo sin planificación impide el desarrollo sostenible

SARA VELERT - Valencia

EL PAÍS - España - 11-11-2006

La urbanización de millones de metros cuadrados de suelo al margen de los planes generales de ordenación urbana no es compatible con un desarrollo sostenible. Así lo advierte el Tribunal Superior de Justicia valenciano en un auto sin precedentes que paraliza un plan urbanístico en Parcent, una localidad alicantina de un millar de habitantes que, con 1.496 viviendas nuevas como mínimo, triplicaría su censo de población. El tribunal afirma que una actuación de esta dimensión requiere una planificación que pondere "las necesidades integrales del municipio, y su sostenible desarrollo".

La resolución judicial no sólo cuestiona el desaforado desarrollo urbanístico de la Comunidad Valenciana a golpe de programas de actuación integrada (PAI) que reclasifican millones de metros cuadrados de suelo rústico. El auto critica en general, a través del ejemplo de Parcent, los crecimientos desmesurados de los municipios sin una planificación adecuada.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano suspende cautelarmente un PAI aprobado el pasado 30 de enero por el Ayuntamiento de Parcent, gobernado por el PP, y su adjudicación a la empresa Terra de L'Horta, SL. El plan prevé el desarrollo de un millón de metros cuadrados y la construcción de 1.496 viviendas. El auto notificado ayer sostiene que ordenar esa superficie con un PAI "es excesivo, ya que una actuación de tal naturaleza exigiría una instrumentación de carácter más general, donde pudieran ponderarse las necesidades integrales del municipio y su sostenible desarrollo". En esa línea, destaca que "se trata de un municipio de poco más de 1.000 habitantes y la actuación cuando menos pretende integrar una población que duplica este número".

Parcent todavía se rige por normas urbanísticas subsidiarias de principios de los años noventa, ya que su plan general de ordenación urbana (PGOU) está en redacción. El Ayuntamiento ha aprobado al margen del PGOU otros PAI y ha ignorado las protestas de la plataforma vecinal de Parcent contra un desarrollo urbanístico que elevaría a 10.000 los habitantes de este pequeño pueblo.

Una veintena de ciudadanos británicos que residen en la zona afectada por el PAI de El Replà recurrieron la aprobación y pidieron la suspensión cautelar del proyecto, al considerar que se vulneran sus derechos como propietarios de casas consolidadas desde hace años y con las licencias en regla. El diseño del proyecto no implica el derribo de sus casas, pero sí de garajes, piscinas o jardines. La ejecución del PAI, además, supone un nuevo reparto de cargas urbanísticas que deberán pagar en metálico o en terrenos.

El tribunal, que no entra en el fondo de la cuestión, apoya la suspensión cautelar porque en la tramitación del PAI "se ha prescindido" de trámites esenciales de la normativa urbanística, y hasta un 40% de los propietarios del sector afectados no fueron avisados del proyecto, lo que comporta una clara indefensión. El Ayuntamiento, además, hizo caso omiso de un informe que encargó al Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana, y que instaba a detener el PAI ante las irregularidades en su tramitación, como recoge el recurso presentado por los abogados Jaume Sendra, Gisela Giner, Jonathan Lambert y Bernardo Hernández, asesores también de la organización Abusos Urbanísticos No.

Finalmente, el auto destaca que el PAI no es el instrumento adecuado para ejecutar el importante crecimiento previsto en Parcent. En la Comunidad Valenciana son decenas los municipios que han aprobado o proyectan crecimientos que multiplican su población y reclasifican suelo rústico no previsto en sus planes generales de ordenación urbana. La Comisión Europea ha dado un ultimátum a la Generalitat para que cambie la legislación urbanística, que no se ajusta a las directivas comunitarias y ha llevado a Bruselas las quejas de 15.000 afectados en situación similar a la de los vecinos de Parcent. Los PAI "han sustituido en la práctica los planes generales, que son los que marcan las directrices del desarrollo", destaca el abogado Jaume Sendra, que considera que el auto del TSJ valenciano supone "un punto y aparte" frente al "desarrollo salvaje" sin protección suficiente de los derechos de los ciudadanos y del interés general.

El urbanismo insostenible se extiende también por otras autonomías, con proyectos como el de Las Navas del Marqués, donde un juez ha paralizado las talas de pinos en una zona en la que un promotor pretende construir un complejo urbanístico de 1.600 chalés, hotel y campos de golf y ha talado 5.000 pinos en zona protegida. La Junta de Castilla y León también dio luz verde a la construcción del Parque Arlanzón, en el municipio del mismo nombre, y que incluye 640 chalés, hotel, campo de tiro y piscina cubierta, entre otras instalaciones. De las 220 hectáreas de suelo público, 76 están protegidas como monte público y lugar de interés de la Unión Europea.